A partir del 15 de septiembre, China aplica nuevas normas que permiten prohibir la salida del país a los ciudadanos en casos relacionados con la seguridad nacional y la seguridad tecnológica; la duración de la prohibición puede oscilar entre seis meses y tres años. Según Reuters, estas normas amplían las herramientas legales de que dispone el Gobierno para actuar contra quienes se considere que suponen un riesgo para la seguridad o la tecnología de China.
Pekín argumenta que se trata de una medida para proteger la soberanía y la seguridad nacional, y rechaza la idea de que las normas tengan como objetivo restringir la libertad de movimiento de los ciudadanos de a pie. Pero es precisamente aquí donde surge la incómoda pregunta: ¿dónde está la línea divisoria entre la protección de la seguridad y el control de los ciudadanos? Cuando una persona regresa a su país y puede enfrentarse a una prohibición de salida del territorio por una conducta considerada una amenaza para la seguridad, el pasaporte deja claramente de ser un simple billete para un viaje.
Lo más llamativo es el contexto más amplio. En los últimos años, China ha ampliado sus vías de inversión e intercambio internacional, al tiempo que ha reforzado el control de los flujos de capital, la tecnología y las actividades consideradas sensibles. Reuters señala que las nuevas medidas forman parte de una tendencia a intensificar la vigilancia ante los riesgos procedentes del extranjero. Por lo tanto, la pregunta fundamental no es solo «¿pueden los ciudadanos viajar o no?», sino: a medida que el concepto de «seguridad nacional» se amplía cada vez más, ¿quién decidirá cuál es la línea divisoria entre la protección del país y el control de la libertad de movimiento de sus propios ciudadanos?
