El 29 de septiembre, el Tribunal Supremo de EE. UU. permitió que la Administración del presidente Donald Trump siguiera expulsando temporalmente a los migrantes a terceros países sin obligarla a darles la oportunidad de exponer previamente los riesgos a los que podrían enfrentarse en el lugar al que son enviados. Esta decisión suspende temporalmente la sentencia del juez federal Brian Murphy, mientras el Tribunal Supremo accede a examinar el caso en su totalidad en diciembre.
Según Reuters, esta política se ha utilizado para trasladar a más de 25.000 personas a 29 países, en su mayoría México, además de otros como Sudán del Sur, Uganda y Liberia. La Administración Trump sostiene que esta medida es una herramienta necesaria para aplicar la política de inmigración, mientras que las organizaciones de defensa de los migrantes y los expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas advierten del riesgo de que las personas deportadas se enfrenten a malos tratos o situaciones de peligro.
Cabe destacar que la decisión del 29 de septiembre no es aún un fallo definitivo sobre la legalidad de la política. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el caso y prevé que las vistas se celebren en diciembre. En otras palabras, la puerta a la deportación a un «tercer país» permanece abierta de forma temporal, mientras que la cuestión de si esta política excede los límites legales sigue sobre la mesa de los nueve magistrados.
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